El derecho de autodeterminación deja de ser tabú en la Unión Europea
El primer ministro escocés, el nacionalista Alex Salmond, proyecta un referéndum independentista para 2011

PERE RUSIÑOL, Público, 06/12/2009.

Primero era sólo para los países que huían de la tiranía soviética y luego para los trozos que escapaban, ensangrentados, de los tanques de la Gran Serbia. Pero el debate sobre el derecho de autodeterminación ha acabado penetrando también en sociedades pacíficas y democráticas que ya son miembros de la Unión Europea o que aspiran a integrarse a ella. Uno de los grandes tabúes de la UE se está resquebrajando.
En 1993, la República Checa y Eslovaquia se separaron pacíficamente tras sendos referendos aceptados por Parlamentos democráticos. En 2006, Montenegro logró la independencia tras otro referéndum de secesión supervisado por la UE y asumido por la madre Serbia. Y Kosovo proclamó su independencia unilateral en 2008 y, aunque no tiene aún el plácet de la ONU cuenta con el reconocimiento de más de 60 países.
Una sentencia de 1998 en Canadá fija la pauta para las sociedades democráticas
Pero el fenómeno ha llegado ya a la vieja Europa: también en 2008, Dinamarca aceptó el referéndum de Groenlandia, que aprobó masivamente cortar lazos con Copenhague y dejó la puerta abierta a la independencia total. En la UE ya se debate sobre la posibilidad de ampliación interior. ¿Qué hacer si valones y flamencos, ambos en la UE a través de Bélgica, se separan? No es una discusión meramente teórica: el primer ministro escocés, el nacionalista Alex Salmond, proyecta un referéndum soberanista para 2011. A Londres no le gusta la idea, pero nadie se desgañita proclamando la indivisbilidad de la patria.
La tendencia va más allá de Europa. Pese a la globalización, el número de Estados en el mundo crece sin parar. En 1945, la ONU agrupaba a 51 Estados. Hoy cuenta con 192. No todo el aumento se debe a procesos de secesión, pero sí la mayor parte. En dos olas principales: la descolonización de la década de 1960 y la desintegración del imperio soviético, en la de 1990.
La aplicación del derecho de autodeterminación en ambas olas apenas es discutido por nadie, de acuerdo con el derecho internacional y los principios de la ONU: afectaba a ex colonias o a países anexionados por una tiranía. ¿Pero tiene sentido esgrimir el mismo principio en sociedades democráticas? En opinión de Montserrat Guibernau, catedrática de Ciencia Política en el Queen Mary College de Londres, sin ninguna duda porque "la base procede de las ideas de la Ilustración". "El principio básico es que el poder reside en el pueblo y que no puede gobernarse sin el consentimiento del pueblo", subraya Guibernau. Y añade: "Esto sirve para las colonias, para la Unión Soviética y para los Estados democráticos".
Dinamarca aceptó el referéndum soberanista de Groenlandia; Londres debate el de Escocia
Y sin embargo, el derecho de autodeterminación solía estar pomposamente proclamado en las Constituciones de raíz soviética, pero no se encuentra rastro del principio en las democracias liberales. El divorcio entre checos y eslovacos, al igual que el de serbios y montenegrinos, eran opciones previstas constitucionalmente, pero ambas federaciones procedían del campo soviético.
"No existe ni un solo país en el mundo con Constitución liberal-democrática que tenga reconocido el derecho de secesión o el derecho de autodeterminación", subraya Josep Maria Castellà, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB). "El derecho internacional es claro: sólo se reconoce en procesos de descolonización o de régimen totalitario" añade.
El dictamen de Canadá
La aparente contundencia legal no está reñida sin embargo con la aplicación del principio en una sociedad democrática. El propio Castellà señala el mecanismo que esgrimen todos los estudiosos: la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998.
Tras dos referendos soberanistas convocados por la francófona Quebec en 1980 y en 1995 ambos con derrota nacionalista, aunque el último por los pelos, el Gobierno de Otawa pidió al tribunal que clarificara las reglas del juego. Su dictamen se ha convertido en la práctica en jurisprudencia y de hecho la propia UE impuso estos criterios para el referéndum de Montenegro.
Simplificando: 1) La secesión no puede ser unilateral, sólo pactada. 2) Requiere el apoyo de una mayoría inequívoca. No se especifica, pero no puede ser la mitad más uno. Y 3) La pregunta sometida a referéndum tiene que ser clara.
Todo ello a pesar de que las normas fundamentales de los países de tradición liberal no contemplan formalmente el derecho de autodeterminación. Ni en Canadá, ni en Dinamarca, ni en Reino Unido. Pero en estos países el debate se ha desarrollado con normalidad y sin dramatismo. Ya cuando Alex Salmond ganó en 2007 las elecciones escocesas y ratificó su apuesta independentista, el semanario londinense The Economist dejó clara su oposición, pero con el siguiente título: La independencia escocesa. Una revolución debatible.
"La tradición británica no tiene nada que ver con la española. Su Monarquía siempre ha tenido algo de Habsburgo [confederal] y el pluralismo identitario interno está mucho más interiorizado", opina el historiador Joan B. Culla para explicar las diferencias con el griterío de aquí.
Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que no es necesario que la Constitución reconozca la libre determinación si se respetan los principios canadienses: "Si una mayoría clara quiere la independencia en una sociedad democrática, no hay quien la pare, diga lo que diga la Constitución", afirma.
El caso de Kosovo, que está siendo examinado estos días por la Corte Internacional de Justicia, es menos claro. Le falta uno de los tres criterios que establece el dictamen canadiense: no fue pactado, sino unilateral.
Kosovo cuenta ya con el reconocimiento de 63 países, entre ellos su padrino, EEUU, que esgrimen la "limpieza étnica" como elemento singular. España se opone: Pristina puede convertirse en un precedente peligroso de secesión unilateral que supere el corsé canadiense. No es un asunto balcánico: toda Europa está pendiente de La Haya.

La reforma de la Constitución gana adeptos en el último año
Un 69% defiende realizar cambios y sólo un 43% votaría hoy a favor del texto vigente
PÚBLICO, 06/12/2009

Los partidarios de la reforma de la Constitución española son cada vez más. Su número ha aumentado 4,4 puntos porcentuales en los últimos doce meses y ya suman el 68,6% de la población española en edad de votar, según el resultado del Publiscopio sobre la Carta Magna elaborado para Público por Obradoiro de Socioloxía.
Durante el último año, el debate público en torno al desarrollo autonómico y las consecuencias prácticas de algunas de las disposiciones de la Carta Magna han servido para reducir sensiblemente el porcentaje de los ciudadanos que declaran no saber o prefieren no opinar sobre este asunto, prácticamente en la misma proporción (3,8 puntos porcentuales) en la que ha aumentado la cifra de los partidarios de la reforma constitucional.
Por el contrario, el porcentaje de la población contrario a la modificación de la norma fundamental ha permanecido prácticamente invariable (14% frente al 14,5% del año 2008).
Menos apoyo
Estas opiniones se corresponden con las que muestran la evolución del respaldo de la población a la Constitución de 1978. Si el texto fuese sometido hoy a votación en referéndum apenas recibiría el apoyo del 42,9% de los ciudadanos (casi un punto porcentual menos que hace un año) y el rechazo del 17,6% (0,6 puntos porcentuales más).
Con todo, lo más significativo es, de nuevo, la reducción de la cifra de encuestados que no sabe o no opina (ha pasado del 19,5 al 13,6%) y, sobre todo, el crecimiento del porcentaje de ciudadanos que se abstendrían si la norma actual fuese sometida a referéndum (la cifra ha pasado del 19,5% de 2008 al 25,9% que muestra el Publiscopio realizado durante los últimos días de noviembre).
El estudio pone de manifiesto que la necesidad de la reforma constitucional es una opinión compartida por los votantes de todos los partidos (esa es la opinión del 75% de los del PSOE y del 67% de los del Partido Popular), por los encuestados de todas las comunidades autónomas (apenas hay diferencia entre las que tienen o han tenido nacionalistas en sus gobiernos y las que son gobernadas por formaciones políticas de ámbito estatal) y por el conjunto de los ciudadanos con independencia de su edad.
La igualdad de sexo en la sucesión a la Corona suscita el mayor consenso
Los más favorables a introducir reformas en la Carta Magna (78%) son los votantes de entre 31 y 48 años, aquellos que nacieron en el franquismo pero no tenían mayoría de edad para votar en el referéndum de 1978. El porcentaje baja notablemente entre los menores de 31 años (que sólo han conocido el régimen constitucional) y entre los mayores de 49 años, los únicos que han tenido ocasión de pronunciarse sobre la vigente Constitución (el porcentaje es del 67% en el primer caso y del 62% en el segundo).
El Publiscopio de este año sobre la Constitución española confirma la solidez de las opiniones favorables a la mayoría de las propuestas de reforma constitucional que más se han distinguido en los últimos años. En esta ocasión, aunque por muy poco margen, la modificación que más consenso ha suscitado entre los entrevistados es la que permitiría establecer la igualdad del hombre y de la mujer en la sucesión de la Corona (82% a favor y sólo un 5% en contra), superando a la propuesta que plantea establecer el derecho de todos los ciudadanos a ser educados en lengua castellana en cualquier comunidad (82% a favor y un 8% en contra).
Conservan también un amplio respaldo popular las propuestas para que el sistema electoral sea totalmente proporcional (71%), la posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir si están de acuerdo con vivir en una monarquía parlamentaria o prefieren la reinstauración de la república (61%) o el establecimiento de límites a las competencias de las comunidades autónomas (61%).
Iglesia católica
La eliminación de la preponderancia de la iglesia católica ha ganado una posición entre las reformas preferidas por los ciudadanos (56%) en detrimento del reconocimiento de España como única nación y "no hablar de otras nacionalidades" (51%).
Las opiniones de los encuestados revelan que el criterio de los ciudadanos no sólo se ha asentado en relación con las reformas a las que son favorables sino también en torno a aquellas a las que se muestran contrarios.
Cada vez son menos los ciudadanos que eluden opinar sobre la reforma
Es el caso del reconocimiento del derecho a la autodeterminación, que ha perdido adeptos y ha ganado detractores (este grupo ya alcanza al 41% de los ciudadanos), de la eliminación del papel atribuido al Ejército como garante de la unidad de España (41% de opiniones en contra) o la restauración de la pena de muerte (54% en contra).
La propuesta de reforma que menos respaldo suscita entre los españoles sigue siendo la conversión del Estado autonómico en un Estado Federal, una idea que sólo apoya el 25% de los encuestados (7 puntos porcentuales más que hace apenas un año) frente a un 42% de opiniones en contra.
La variación porcentual más llamativa es la reducción del grupo de los ciudadanos que no saben o no opinan sobre todas las propuestas de reforma. Este dato vendría a indicar una consolidación de las opiniones de los encuestados.