Sensación de injusticia, J.M. Ponte, Faro de Vigo, 29 marzo
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Un hombre, viudo y padre de dos jóvenes deficientes, que tenía que trabajar en la hostelería y en el campo para poder mantenerlos, regresaba de madrugada a su casa cuando observó que el hogar familiar era pasto de las llamas. Desesperado, pidió socorro a los vecinos y ante el avance descontrolado del fuego se metió en la vivienda en un vano intento de rescatar a sus dos hijos. Ninguno de ellos pudo salir de la casa con vida y cuando llegaron los bomberos tan solo pudieron localizar sus cadáveres carbonizados junto con los restos de varios animales domésticos. En los periódicos se detallan los esfuerzos que hizo este hombre para educar a sus hijos en la escuela pública, si bien parece que se negó siempre a que fueran ingresados en un centro especializado en la atención a disminuidos psíquicos al estimar que podían valerse por si mismos, si bien de forma limitada (en el confín de Redondela con el concello de Vigo, allá en lo alto de la Madroa, en un mirador de vista privilegiada sobre la ría, hay una institución de esas características que el Imserso transfirió a la Xunta de Galicia hará cosa de once años). El drama de esta familia rural pone de manifiesto que la dotación económica de la Ley de Dependencia es una necesidad perentoria para muchos miles de personas que viven sacrificadamente y en soledad las tareas de ayuda a parientes discapacitados. Y la sensación de injusticia y desamparo se acentúa si tenemos en cuenta que en el municipio donde ocurrió esta tragedia (Aranga) se supo recientemente de una maniobra especulativa entre el alcalde y un multimillonario del juego para recalificar como suelo urbano industrial unas fincas rústicas discretamente compradas a propietarios incautos. Por cierto que, el campesino fallecido era una de las cabezas visibles en la oposición a este proyecto, que ya provocó varias manifestaciones de los vecinos. Su finca, casualmente, linda con el coto de caza del multimillonario.