OMAGH
Andoliña mércores 3 setembro
O 15 de agosto de 1998 un coche-bomba explotaba no centro da cidade irlandesa de Omagh. Morreron 29 persoas e houbo máis de douscentos feridos: entre os mortos una moza e un neno españois, que participaban nun intercambio escolar. O atentado foi reivindicado no seu día polo IRA Auténtico, una escisión do IRA provisional oposta ó proceso de paz iniciado no Acordo de Venres Santo.
O pasado luns, TVE-2 contábanos a historia de Omagh a través dunha película de Pete Trevis (2004): un documento erstremecedor que enfoca o drama dende a perspectiva das familias das vítimas, organizadas para coñecer a verdade. Excepcional a interpretación de Gerard McSorley (na imaxe) no papel de Michael Gallagher, portavoz do Grupo de Autoapoio. A cinta, en clave de falso documental, está en cambio chea de verdade e autenticidade e esculca nas lúgubres miserias da chamada Razón de Estado.
Hai só unhas semanas cumpríronse dez anos da traxedia. Houbo actos conmemorativos en Omagh pero moitos dos familiares non asistiron. Tal como conta a película, aínda hoxe ningún dos acusados por aquel atentado foi declarado culpable polos xuíces.
Entradas
16 comentarios:
Non tan lonxe e estes dias:
Operación policial en Nafarroa
La Guardia Civil embistió con un Patrol a Alberto López e Interior ocultó durante cinco días incluso su hospitalización
Hoy cumplirán cuatro -Maider Caminos- y tres días incomunicados -Amaia Legarra, Maitane Intxaurraga y Noé López- los últimos detenidos por la Guardia Civil. Ayer, intentaron arrestar a dos personas más en Lesaka y Elizondo. Hasta ayer no se supo que el iruindarra Alberto López Iborra fue detenido el miércoles, que los guardias civiles provocaron un accidente cuando conducía su vehículo y que tuvo que ser hospitalizado Asier V. MENDIZABAL-Gari MUJIKA | IRUÑEA
Alberto López Iborra, encarcelado desde el lunes en Soto del Real, informó ayer a su defensa de que la Guardia Civil lo detuvo el miércoles pasado en el Polígono Landaben de Iruñea sobre las 18.00, después de que los agentes provocasen un accidente al embestir uno de sus Patrol contra su coche por detrás, por lo que el joven iruindarra sufrió diversas lesiones. Poco después fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Camino de la capital navarra. López Iborra, que permaneció cinco días en manos de los guardias civiles, ha denunciado haber sido objeto de «brutales torturas». Mientras, cuatro navarros siguen incomunicados en Madrid; entre ellos, Noé López, hospitalizado hasta ayer.
Sólo después del encuentro que mantuvo ayer la defensa con López Iborra se pudo saber que la detención del joven de Iruñea se practicó el pasado miércoles (en el dossier informativo que emitió ayer el Ministerio de Interior señalan que su arresto se realizó el 24 de agosto) y que la Guardia Civil provocó un accidente para apresarle. El choque, según el testimonio que facilitó Askatasuna, ocasionó varias lesiones al joven, pero aun así fue conducido al acuartelamiento del instituto militar. Una vez allí, «comenzó a vomitar sangre y tenía dolores en el costado». Por ello, sobre las 21.00, los militares decidieron trasladarlo al Hospital Virgen del Camino, donde permaneció hasta las 23.00. Le realizaron varias placas y le administraron suero, además de varios medicamentos para mitigar el dolor.
«La bolsa», golpes, ejercicios...
Poco después, López Iborra fue llevado a presenciar el registro de su domicilio, en el que, según el testimonio del propio detenido, no hubo ningún otro testigo presencial. Al parecer, reside en una zona de viviendas nuevas donde apenas cuenta con vecinos, lo que facilitó que el registro se llevase a cabo sin conocimiento de nadie.
El joven ya denunció el lunes ante el juez Grande-Marlaska que durante su cautiverio ha sido torturado por los agentes del instituto militar. En el citado testimonio, López Iborra explica que, al llegar a Madrid, «en el patio del cuartelillo, los guardias civiles le insultaron, gritaron y amenazaron mientras le propinaban golpes en la cabeza». También le golpeaban de forma continuada durante los incesantes interrogatorios, pero «siempre cuidando de no dejarle marcas».
Sesiones de «la bolsa», golpes en la cabeza y por el cuerpo, en los testículos, obligación de permanecer de pié durante los primeros dos días, cinco días con las luces encendidas y una misma sintonía sonando en el calabozo, amenazas con la práctica denominada como «la bañera» y la obligación de realizar ejercicios físicos han sido algunos de lo métodos de tortura que ha denunciado.
En su denuncia el joven afirma que durante los cinco días de incomunicación le obligaron a aprenderse de memoria dos declaraciones policiales y que «el guardia civil que le tomó declaración tenía las preguntas y las respuestas preparadas con anterioridad, ya redactadas». Negó todas las acusaciones ante Grande-Marlaska.
El testimonio también recoge que le hicieron creer que su compañera sentimental estaba detenida y que, en caso de que no realizase las declaraciones policiales tal y como le hicieron aprender, «le torturarían aún más».
Ayer, seis días después de que López Iborra fuese arrestado, fue la primera vez que el Ministerio español de Interior informó de la redada. Pero el operativo policial no ha cesado. Ayer mismo, la Guardia Civil irrumpió en dos viviendas de Lesaka y Elizondo en un intento de arrestar a otras dos personas. Ante su ausencia, registraron los domicilios.
Según los datos recabados por este diario, son cuatro las personas que el instituto militar intenta detener.
Visita del médico desde el lunes
En la mañana de ayer se supo también que el joven de Barañain Noé López, ingresado el domingo en el Hospital Virgen del Camino, fue trasladado a Madrid, donde, según Interior, están las otras tres arrestadas.
GARA ha podido saber que que desde el lunes por la noche los médicos de confianza visitan a los detenidos acompañados por el forense, pero pasaron dos días sin que se aplicase esa medida pese a ser aceptada por el juez Fernando Andreu durante el fin de semana.
Por otro lado, familiares de estos cuatro detenidos acudieron ayer a la oficina del Defensor del Pueblo de Nafarroa, Javier Enériz, para exigirle que solicite «la derogación de la legislación antiterrorista que permite el periodo de incomunicación». No pudieron mantener el encuentro dado que Enériz se encontraba ausente.
Un tío de Maider Caminos, Enrique Miranda, denunció a la salida que temen que durante el periodo de incomunicación sus familiares estén siendo torturados «como en otras ocasiones», y consideró que «se ha demostrado insuficiente» la aplicación del «protocolo Garzón». «Si el Ararteko no puede reclamar a las FSE que tienen su ámbito de actuación en Nafarroa un comportamiento acorde con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, realmente no nos sirve», denunció.
En exigencia del respeto de los derechos de los detenidos, como cada día desde el inicio del operativo, decenas de personas volvieron a protestar. Así, en Arbizu fueron 240 los que se manifestaron; 500 en Barañain, 80 en Elizondo; 50 en Berriozar; 150 en Basaburua, y 70 en Zizur.
El Consistorio de Basaburua denuncia el arresto de Legarra
El Ayuntamiento de Basaburua aprobó la noche del lunes una moción en denuncia del operativo que se está desarrollando en el herrialde. Amaia Legarra, concejala abertzale de la localidad, es una de las que aún sigue en manos de la Guardia Civil. Además de denunciar su arresto y mostrar la solidaridad con sus allegados, la Corporación exigió la inmediata puesta en libertad de Legarra y el respeto a sus derechos. El texto recoge un «emplazamiento directo al Parlamento de Navarra, al Gobierno de Navarra y a los partidos políticos navarros para que den pasos efectivos y reales» para garantizar el respeto de esos derechos. Por su parte, el grupo electoral Erreniega de Zizur también denunció las detenciones.
G.M.
«agradecimiento»
La delegada del Gobierno español en Nafarroa, Elma Sáiz, se congratuló del operativo policial desarrollado en el herrialde y mostró su «agradecimiento» a la Guardia Civil.
Gazte Kontseilua
El Consejo de la Juventud de Nafarroa emitió un comunicado para denunciar el régimen de incomunicación y exigió que se respeten los derechos de los detenidos.
Escuelas infantiles
La Comisión de Personal del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Iruñea mostró su preocupación por la detención de su compañera Amaia Legarra y se solidarizó con sus familiares.
Rubalcaba: «Es una excelente operación de la Guardia Civil»
El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer por primera vez ante los medios desde que en la madrugada del 24 de agosto la Guardia Civil iniciara la operación policial que, por ahora, se ha saldado con siete detenciones y quince registros. El ministro informó de las acusaciones concretas que se les imputan a los detenidos.
Sobre lo que el Ministerio de Interior no informó fue que dos de los detenidos tuvieron que ser hospitalizados en la capital navarra -es el caso de Alberto López Iborra y Noé López-, de que uno de ellos ha permanecido en manos del instituo militar desde el pasado miércoles sin que dieran cuenta de ello a nadie o de las brutales irrupciones que ha llevado a cabo a la hora de practicar las detenciones y los registros domiciliarios.
La operación dirigida por el juez Grande-Marlaska tiene su origen, según Interior, en unas investigaciones policiales previas. El resultado, según esa versión, ha sido «la desarticulación de un `talde' o grupo autor de diversos sabotajes y acciones de violencia callejera en los últimos meses» y «el descubrimiento de parte de la estructura de Ekin en Navarra».
Una semana después de que Luis Goñi y Xabier Sagardoi ingresaran en prisión sin acusación concreta, ahora les imputan ocho actos de kale borroka. La mayor acusación pesa contra el iruindarra de 35 años Alberto López Iborra, al que las fuentes policiales lo definen como «el responsable del grupo».
Los actos imputados son los siguientes: lanzamiento de cócteles molotov contra Correos de Barañain el 21 de diciembre de 2007; dos cortes de catenaria, en Etxarri-Aranatz y en Urdiain, el 28 de diciembre; lanzamiento de botes con pintura contra la sede del PSN de Barañain el 1 de marzo de 2008; lanzamiento de cócteles molotov contra una patrulla de la Policía Foral en Iruñea el 9 de marzo -cabe destacar que el iruindarra Hodei Ijurko está encarcelado desde marzo acusado de ese mismo hecho-; explosión de un artefacto en el Juzgado de Paz de Berriozar el 23 de junio; sabotaje e incendio contra un transformador eléctrico en Barañain el 26 de junio; y corte de catenaria en Unzue el 25 de julio. Interior asegura que «empleaban procedimientos idénticos a los utilizados por los miembros legales de la banda terrorista ETA», entre los que cita expresamente la «reivindicación de sus acciones a través del diario GARA». Repasando la hemeroteca, este diario puede confirmar que sólo recibió la reivindicación de la acción del 9 de marzo y que muchos de los ataques citados no han sido publicados en este medio.
A las cuatro personas que aún siguen en manos de la Guardia Civil -Maider Caminos, Amaia Legarra, Maitane Intxaurraga y Noé López- se les acusa de pertenecer a Ekin.
G.M.
Fronte á "información" do xornal "Gara", velaí outra fonte informativa:
operación policial
Interior imputa a los detenidos en Navarrra ocho ataques desde finales de 2007
De los otros cuatro arrestados en la operación el comunicado del departamento señala que forman parte de la estructura de EKIN en Navarra.
02.09.08 - 14:51 - PAMPLONA | VASCO PRESS |
El Ministerio del Interior imputa a los siete detenidos durante la última semana por la Guardia Civil en Navarra acusados de formar parte de un grupo de violencia callejera la comisión de siete ataques en la Comunidad Foral entre diciembre de 2007 y el pasado 25 de julio.
En una nota de prensa, este departamento atribuye a Alberto López Iborra, detenido el pasado viernes en Pamplona y que ayer ingresó en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, el papel de responsable del grupo, al que también pertenecían Luis Goñi Lara y Xabier Sagardoi Lana, encarcelados hace una semana por el mismo magistrado.
Los ataques que se les imputan son los siguientes:
- 21 de diciembre de 2007: lanzamiento de dos cócteles molotov contra la oficina de Correos de Barañain.
- 28 de diciembre de 2007: corte de la catenaria de la vía férrea en Etxarri Aranaz.
- 28 de diciembre de 2007: corte de la catenaria de la vía férrea en Urdiain.
- 1 de marzo de 2008: lanzamiento de botellas con pintura color negro contra la sede del PSN en Barañain.
- 9 de marzo de 2008: lanzamiento de cócteles molotov contra una patrulla de la Policía foral en el casco viejo de Pamplona.
- 23 de junio de 2008: explosión de un artefacto en el Juzgado de Paz de Berriozar.
- 26 de junio de 2008: sabotaje e incendio de un transformador eléctrico en Barañain.
- 25 de julio de 2008: corte de la catenaria en la vía férrea en el término municipal de Unzué.
En los quince registros practicados en la operación, la Guardia Civil ha intervenido, entre otros efectos, garrafas y botellas con líquido inflamable, ácido sulfúrico y aceite, sprays de pintura, extintores y una bombona y un cartucho de cámping gas.
Los agentes del instituto armado también se han incautado de diverso material informático, documentación relacionada con Segi, Gestoras pro Amnistía y Batasuna, así como de boletos de rifas de movimientos auspiciados por estas organizaciones ilegalizadas.
En la nota de prensa, Interior subraya que los detenidos "empleaban procedimientos idénticos a los utilizados por los miembros legales de la banda terrorista ETA", tanto en lo que se refiere a las medidas de seguridad que adoptaban, como a la reivindicación de sus acciones en Gara o a sus objetivos: políticos, edificios públicos y el Tren de Alta Velocidad.
Interior añade que los miembros del grupo se servían "de los locales utilizados como 'Gaztetxes' y administrados por las 'Gazte Asanbladas', como centros de reclutamiento, instrucción y planificación de la violencia callejera".
De los otros cuatro arrestados en la operación -Maider Caminos Miranda, Amaia Legarra Beunza, Maitane Intxaurraga Uribarri y Noé López Albizu, que declararán próximamente en la Audiencia Nacional- el comunicado señala que forman parte de la estructura de EKIN -el "aparato político" de ETA- en Navarra.
Sinalar que "GARA" é o xornal herdeiro de "EGIN", intervido xudicialmente por colaboración có terrorismo do entramado de ETA.
informe
informe:
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=23750033&postID=7155038351094744094
Informe:
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/Sal_en_la_herida.pdf
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/Sal_en_la_herida.pdf
Agradécese que se poñan os ligames de tal xeito que se poida entrar directa e comodamente desde aquí mesmo, facilitando as cousas.
Do contrario, moito me temo que moitos non se van tomar a molestia de copiar o enderezo, levalo a un buscador e agardar a que saia a información.
É unha suxestión. Nada máis.
informe
Diario Público:
La noticia el pasado lunes sobre el presunto maltrato de la Guardia Civil a dos los etarras detenidos no pilló a Amnistía Internacional (AI) por sorpresa. No hace ni dos meses, en noviembre de 2007, la organización pro derechos humanos publicaba Sal en la herida, un estudio que trata de analizar "la impunidad efectiva de agentes de Policía en casos de tortura y otros malos tratos".
El resultado era demoledor. Tan demoledor como la misma denuncia que desde hace cinco años, en 2002, y volvieron a gritar hace tres, en 2004: en España la tortura existe y "es más que esporádica".
Esteban Beltrán, presidente de la sede española de Amnistía Internacional, retomó ayer sus críticas. En declaraciones a Público, señaló como uno de los grandes problemas para erradicar la tortura, la "presunción de veracidad" de las versiones policiales. Según AI, es común que se considere como cierta la versión de los agentes antes de incluso de investigarla.
Grazas por facer caso da suxestión. Leremos o informe de AI coa debida atención.
CONCLUSIÓNS
Amnistía Internacional considera que las persistentes denuncias de malos
tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen
su origen en los múltiples incumplimientos por parte de las autoridades espa-
ñolas de sus obligaciones legales internacionales, que les exigen la adopción
de diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir los
malos tratos, poner a los responsables a disposición de la justicia y garantizar
que las víctimas reciben reparación. Aunque Amnistía Internacional no consi-
dera que los malos tratos por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley españoles constituyan un hecho rutinario, a partir de sus inves-
tigaciones la organización refuta la idea de que sean un hecho excepcional y
que la responsabilidad de que se produzcan recaiga exclusivamente en un
puñado de agentes de policía delictivos.
La tortura y otros malos tratos son violaciones de derechos humanos, y están
prohibidos por el derecho internacional en toda circunstancia. Todas las denun-
cias y los informes de malos tratos deben ser investigados de manera pronta,
imparcial y efectiva por un órgano independiente de los presuntos autores. Las
víctimas de tales actos deben recibir del Estado una reparación pronta y ade-
cuada, que debe incluir restitución, indemnización económica justa y adecua-
da, atención médica y rehabilitación apropiadas y garantías de no repetición.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sean responsables
de malos tratos deben rendir cuentas en todos los niveles: disciplinario y
penal. Las investigaciones disciplinarias eficaces son un medio importante
para identificar y rectificar las deficiencias sistémicas que facilitan los malos
tratos. Las conclusiones de los organismos de investigación o supervisión
independientes son también importantes en este sentido.
Para concluir este informe, Amnistía Internacional expone a continuación
algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización
considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la
impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsa-
bles de tales actos.
No informe de Amnistía destácanse numerosos exemplos de malos tratos e tortura, moitos deles relacionados coa represión de manifestacións (movementos antiglobalización principalmente). Mossos d'esquadra parecen sobresaír nos casos presentados e, de forma máis ca notoria, os exemplos en Barcelona son maioritarios. Pero chama a atención a denuncia dos problemas relativos á inmigración, a atención a menores, a violencia de xénero e aos casos de detencións ilegais vencellados ao terrorismo internacional. Os casos de tortura relativos ao terrorismo etarra son denunciados porque non hai investigación xudicial e se deixan sen indagar. Este aspecto (xunto co asunto de Batasuna onde se critica o excesivo tempo con que a xustiza resposta as reclamacións) ocupa unha parte pequena do extenso informe, onde, por certo, tamén se fai mención ás últimas accións dos grupos armados terroristas. Copio a continuación o informe máis recente:
Los informes de violaciones de derechos humanos por agentes encargados de hacer cumplir la ley y posterior impunidad seguían estando extendidos. Se impidió el acceso a territorio español a personas migrantes y solicitantes de asilo, mediante procesos llevados a cabo en centros extraterritoriales en condiciones que no se ajustaban a las normas internacionales. Se expulsó a menores no acompañados sin las debidas garantías para su seguridad. Las víctimas de violencia en el ámbito familiar siguieron encontrando obstáculos para obtener protección, justicia y reparación, y las migrantes tuvieron además dificultades de acceso a recursos básicos. El grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) declaró en junio el fin del «alto el fuego permanente» y reanudó los atentados con bombas.
Fuerzas policiales y de seguridad
Tortura y otros malos tratos
Los informes de tortura y otros malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos. Ni los organismos a los que pertenecían los agentes ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad.
Durante las investigaciones sobre el caso de 22 personas detenidas en enero de 2006 por cargos relacionados con terrorismo, varias de ellas contaron al juez de instrucción que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación. Al final del año no se tenía conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias.
El 27 de abril, tres agentes de la Guardia Civil fueron declarados culpables de delitos relacionados con la muerte bajo custodia de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ocurrida el 24 de julio de 2005. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y una falta de lesiones, y condenado a 15 meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa. A otros dos agentes se los declaró culpables de lesiones con la agravante de abuso de superioridad y se les impuso una multa. Cinco agentes fueron absueltos. Tanto la acusación como la defensa presentaron recursos contra la sentencia.
El 19 de julio, un hombre de Ghana llamado Courage Washington resultó herido de gravedad en un incidente con disparos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Dos agentes de policía vestidos de civil se acercaron a él y le pidieron sus documentos de identidad. Courage Washington, que tenía problemas de salud mental, al parecer sacó una pistola de juguete del bolsillo y los agentes le dispararon cuatro veces. Según testigos, algunos disparos se efectuaron cuando ya había caído al suelo. Con posterioridad se abrió una investigación criminal contra Courage Washington por agresión a un agente de la autoridad. Su abogado había presentado una denuncia contra la policía.
Armas Taser
Varios organismos encargados de hacer cumplir la ley anunciaron que habían adquirido armas de electrochoque Taser, y policías locales en al menos tres comunidades autónomas ya las estaban utilizando. La Policía Nacional y la Guardia Civil no las usaban. La normativa y las medidas de control relativas a la tenencia y el uso de tales armas por agentes encargados de hacer cumplir la ley eran insuficientes.
Migración
Abusos durante la expulsión
En julio, el Ministerio del Interior dio a conocer un borrador de protocolo de actuación para la Policía Nacional y la Guardia Civil, relativo a medidas de seguridad en la repatriación y el traslado de detenidos, incluidos migrantes irregulares. Este protocolo no reflejaba debidamente las normas europeas de derechos humanos pertinentes ni las recomendaciones de organizaciones internacionales sobre el uso de la fuerza y las técnicas de inmovilización por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las expulsiones. En la lista de materiales de uso autorizado en las expulsiones, el protocolo incluía «cinta reforzada», «cinturones y prendas inmovilizadoras» y «cascos de autoprotección», lo que podría contravenir la prohibición internacional de trato cruel, inhumano o degradante y causar asfixia u otros daños físicos graves a la persona expulsada.
El 9 de junio, el ciudadano nigeriano Osamuyia Akpitaye murió en el curso de un intento de expulsión. Según testigos, los dos agentes que lo acompañaban en el vuelo de Madrid a Lagos lo habían atado de pies y manos y amordazado, presuntamente con cinta adhesiva, para contrarrestar su resistencia a ser expulsado. Osamuyia Akpitaye murió al poco tiempo de despegar el avión. Una autopsia determinó que había muerto por asfixia.
Tramitación extraterritorial
Las autoridades españolas llevaron a cabo numerosas operaciones de rescate para salvar a migrantes y solicitantes de asilo en peligro cuando intentaban llegar a Europa por mar. Sin embargo, se conculcaron los derechos de muchas de estas personas en el curso de su interceptación y en los centros de tramitación de carácter extraterritorial. Las condiciones de reclusión de las personas detenidas en tales centros y su derecho de acceso al procedimiento de concesión de asilo no se adecuaban a las normas internacionales.
El 30 de enero, el servicio de rescate marítimo español (Salvamento Marítimo), interceptó la embarcación Marine I con 369 personas a bordo. El pasaje, que se pensaba que provenía de Asia y del África subsahariana, se dirigía a las Islas Canarias. El servicio de rescate español ayudó a la embarcación a alcanzar una posición situada a 12 millas náuticas de la costa de Mauritania, donde permaneció casi dos semanas hasta que las autoridades mauritanas y españolas acordaron, el 12 de febrero, permitir que atracase en Mauritania. Como parte del acuerdo, las autoridades españolas tenían autorización para gestionar en Mauritania la prestación de asistencia y la tramitación del tránsito de los migrantes y solicitantes de asilo. Las autoridades españolas aceptaron tramitar las solicitudes de asilo de 10 srilankeses que iban a bordo, que fueron trasladados a las Islas Canarias junto a otras 25 personas. Pero, a pesar del informe positivo elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo no fueron admitidas en virtud del procedimiento de asilo español y esas 10 personas fueron expulsadas el 25 de marzo. Según informes recibidos en abril, de las 369 personas que iban a bordo del Marine I, 35 fueron devueltas a Guinea, 161 a India y 115 a Pakistán. Al parecer, 23 continuaron detenidas en un hangar de Mauritania sujeto al control efectivo de las autoridades españolas en condiciones que no se ajustaban a la legislación española. El 18 de mayo se trasladó a 17 de ellas a un centro de detención bajo jurisdicción mauritana y en junio fueron devueltas a Pakistán. Las otras 6 fueron trasladadas a Melilla, en España, para recibir tratamiento psicológico debido a su experiencia bajo custodia.
En marzo, la embarcación Happy Day, que transportaba a 260 migrantes irregulares desde Senegal hasta las Islas Canarias, fue interceptada por un navío italiano que actuaba a instancias de España como parte de Frontex, la agencia encargada de vigilar las fronteras de la Unión Europea. Tras las disputas entre España, Senegal y Guinea –país considerado punto de partida–, estas 260 personas pasaron una semana a bordo de la embarcación anclada en Kamsar, Guinea, debido a que las autoridades guineanas se negaban a autorizar su desembarco. Amnistía Internacional perdió el rastro de los migrantes a partir de ese momento.
Menores no acompañados
La reunificación familiar de los menores no acompañados no garantizaba que se tomara debidamente en cuenta el mejor interés del menor. Se expulsó a Marruecos a menores no acompañados sin garantías suficientes sobre su seguridad.
Ley de Extranjería
En noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley de Extranjería de 2000 que restringían el derecho de asociación de las personas migrantes y su acceso a educación básica y asistencia jurídica gratuita.
Violencia contra las mujeres
Dos años después de promulgarse la ley contra la violencia de género, las mujeres seguían encontrando obstáculos para obtener protección, justicia y reparación. Algunos preceptos básicos de la ley todavía estaban en fase de desarrollo o se aplicaban con demasiada lentitud. No obstante se adoptaron algunas medidas positivas, como el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. El número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja alcanzó la cifra de 71 en 2007. De ellas, 48 eran de nacionalidad extranjera. Las mujeres migrantes continuaron especialmente expuestas a sufrir actos de violencia al seguir estando discriminadas en la legislación y en la práctica cuando intentaban acceder a la justicia y a recursos básicos como ayuda económica, tratamiento psicológico y acceso a centros de acogida.
El 22 de marzo se aprobó legislación para ampliar la condición de refugiado a las mujeres que huían de la persecución basada en el género.
Grupos armados
Tras anunciar el fin del «alto el fuego permanente», ETA reanudó los atentados en España. El final del alto el fuego –roto en la práctica el 30 de diciembre de 2006 con la comisión de un atentado con bombas en el aeropuerto de Madrid-Barajas que causó la muerte de dos personas– se declaró oficialmente el 5 de junio de 2007. El 24 de agosto, un coche bomba que explotó en el exterior del cuartel de la Guardia Civil en Durango, en el País Vasco, causó daños a propiedades pero ninguna víctima mortal. El 9 de octubre, el guardaespaldas de un concejal vasco resultó herido en otro atentado con bomba. El 1 de diciembre, dos agentes de la Guardia Civil que iban desarmados murieron como consecuencia de disparos efectuados por presuntos miembros de ETA en Capbreton, Francia. Se detuvo a un hombre y una mujer y se los acusó de asesinato; un tercer sospechoso logró escapar.
Medidas antiterroristas
El 4 de octubre, 22 personas presuntamente relacionadas con la dirección del partido político vasco Batasuna, prohibido en 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, fueron detenidas en una reunión por presunta pertenencia a una organización terrorista.
El 19 de diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en relación con el llamado «macroproceso 18/98», juicio en el que 47 personas fueron declaradas culpables de integración o colaboración con ETA en distintos grados como consecuencia de su trabajo en varias organizaciones nacionalistas vascas. En la sentencia se afirmaba que tales organizaciones formaban parte de ETA o seguían sus instrucciones. Al terminar el año seguían pendientes varios recursos contra la sentencia. Varios de los condenados habían declarado públicamente su oposición a ETA y al uso de la violencia con fines políticos.
«Guerra contra el terror»
A principios de 2007 salieron a la luz denuncias relativas a la participación de la policía española en interrogatorios de detenidos entre 2002 y 2005 en el centro de detención estadounidense instalado en la bahía de Guantánamo. En respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior confirmó que se habían producido dos visitas de la policía española a Guantánamo, en julio de 2002 y en febrero de 2004.
El 19 de diciembre, tres ex residentes británicos detenidos en Guantánamo fueron liberados y regresaron al Reino Unido. Dos de ellos, Jamil El Banna y Omar Deghayes, comparecieron ante un tribunal el 20 de diciembre en una vista preliminar relacionada con la solicitud de extradición formulada por España por cargos relacionados con terrorismo. Los afectados se oponían a su extradición. Al final del año no se había adoptado una decisión.
Al menos 50 vuelos fletados por la CIA estadounidense con origen o destino en Guantánamo hicieron escala en territorio español o lo sobrevolaron entre 2002 y 2007, según la información aparecida en medios de comunicación que citaba datos del organismo españolAENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). El último de estos vuelos de que se tuvo conocimiento se realizó en febrero de 2007. En algunos casos, los aviones aterrizaron en bases militares que también utilizaban las fuerzas estadounidenses. La información se entregó a la autoridad judicial que investigaba los presuntos vuelos de la CIA a través de España, relacionados con las entregas extraordinarias (transferencias ilegales de sospechosos entre países). Al parecer, el gobierno tenía conocimiento de estos vuelos pero no lo mencionó al Parlamento español a pesar de que éste había solicitado toda la información disponible sobre este asunto en abril de 2006, ni tampoco al personal investigador del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.
En febrero comenzó el juicio de 28 personas acusadas de participar en los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid. La Audiencia Nacional declaró culpables a 21 de ellas y absolvió a 7 en octubre. Tres hombres fueron condenados a 42.000 años de cárcel.
Impunidad
En noviembre, el Parlamento aprobó una ley relativa a las víctimas del franquismo y la guerra civil española de 1936-1939. Pese a algunas características positivas, esta ley distaba mucho de ajustarse a las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron España en febrero, marzo, junio y noviembre.
España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (EUR 41/006/2007)
Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International’s Concerns in the Region, January-June 2007 (EUR 01/010/2007)
Saúdos malta.
Hoxe acabo de retornar de Eire.
Non hai feísmo. Integran as cores inimaxinables nas casas e sen complexos: desde verdes pistachos ata rosas pasando por violetas, vermellos, ocres, todos....
As estradas son estreitas, sen cuneta, e por suposto as diputacións non lles deitan veneno para secar as herbas.
Non arde, non chimpan os "canastros", nin o patrimonio etnográfico nin arqueolóxico.
Parece que non gastaron gran cousa dos cartiños de europa en facer infraestructuras. Pouco ou nada.
A poboación é tremendamente xóven, lín que o cincuenta por cento non supera os vintecinco anos. As familias teñen moitos fillos e para mín eso é unha riqueza. Eu son roxo e non do opus anque non o pareza.
Moita xente nova de todo o mundo viaxando e traballando.
Xente moi amable.
O meu país é un impaís, horroroso, cheo de feismo, badulaques, i. e escuros, diputacións e un montón de administracións máis.
As parediñas de pedra que acaban de enterrar os da concentración na miña aldea alí consérvanse.
Pido socorro.
Estou hasta os güevos do meu puto país.
Perdón pero non aguanto máis.
Debe ser o síndrome do retorno.
Apenas lín os vosos comentarios, acabo de chegar con síndrome de astinencia e metínme eiquí.
Ghalizia é putísimamente horrorosa. Cecais porque non é república independente sen fedellos de "autonomía", deputación, gobiernos estatatales e demáis fauna de replicantes. Apunto esa hipótese.
Eu que sei.
Cecais sexa eso, e eu estou moi maliño.
caro lobo, ánimo, tudo é melhoravel, como diziam os americanos dos seus ditadores da américa : som uns filhos de puta, mas som os nosos filhos de puta. Se vostede pede en ourense um cafe con leite e lhe repitem con leche, ou pide um polo asado e lhe dizem um pollo para darlhe un polo, que vai fazer, pois nada seguir pedindo-lhe a mesa tipa un polo, a ver se nom me repite algunha vez o de um pollo verdad, e entom ficarei mais optimista. Que felizes som os de aqui que se crem de valladolid.
verdes são os campos
do cor do limão
assim são os olhos do meu coracão.
poema de Camoes que cantam muito bem Zeca Afonso e tambem a uxia.
Uxía non o canta ben...Zeca si...
Publicar un comentario